El alcalde de Zalamea: la sentencia que sigue en pie

No ocurrió hace cuatrocientos años ni murió con el siglo de oro. Hay sentencias que son de todos los tiempos y duran todos los tiempos .

Y quien crea que El alcalde de Zalamea, de don Pedro Calderón de la Barca, se trata de una comedia áurea más, de esas que los estudiantes de bachillerato pasan sin detenerse, se equivoca por completo. Y peor aún, si es de esos que sí se detuvieron, pero tan solo un poco como aquellos soldados, puede estar en un riesgo eterno que ni se imagina. La obra que Calderón entregó al mundo hacia la década de 1640, no es teatro. Es un tribunal abierto. Y el juicio no ha terminado.

El pueblo, el paso del tercio y la ofensa

La escena es Zalamea de la Serena, un pueblo real y todavía existente de la provincia de Badajoz, en Extremadura. Corría, en la ficción, el año de 1581, cuando el ejército de Felipe II atravesaba la región camino de Portugal.

Un tercio se alojó en el pueblo. Y con el tercio llegó su capitán: don Álvaro de Ataide, hidalgo mozo, arrogante, de esos hombres criados en la certeza de que la sangre noble los pone fuera del alcance de la ley común.

En Zalamea vivía Pedro Crespo, labrador rico, hombre entrado en años, viudo, con dos hijos: Juan, mozo aún, e Isabel, doncella hermosa. Crespo era campesino, sí, pero de los que trabajan la tierra con la espalda derecha, de los que pagan sus tributos, de los que crían a sus hijos con la certeza de que la honra vale más que el trigo. De esos hombres a los que un noble arrogante mira siempre por encima del hombro, sin sospechar que un día tendrá que mirarlos a los ojos.

El capitán, alojado en la casa de Crespo por obligación militar, puso los ojos en Isabel.

Lo que siguió es conocido y no hace falta que lo repita quien esto escribe: la joven fue sacada de la casa por la fuerza, llevada al monte, agraviada del modo más cruel en que se puede agraviar a una mujer, y abandonada allí atada a un árbol como quien deja un objeto que ya no se quiere. El capitán regresó al tercio creyendo, con esa tranquilidad de los que se saben protegidos por el uniforme y por la sangre, que no habría consecuencias.

Cometió el error más grande de su vida.

Pedro Crespo, alcalde de Zalamea

Ese mismo día —y aquí Calderón enseña la mano maestra del dramaturgo— Pedro Crespo recibía del rey la vara de alcalde de Zalamea.

Vara de alcalde. Es decir: autoridad judicial legítima del rey en el pueblo. Un labrador, sí. Pero un labrador con la ley del monarca en la mano.

Crespo hizo tres cosas.

Primero, encontró a su hija y la trajo de vuelta a la casa sin decir una palabra que la humillara. Ni un reproche. Ni una lágrima delante de ella. Solo un abrazo largo y un silencio de padre.

Segundo, fue en persona ante el capitán y le ofreció, humildemente, que se casara con Isabel para restaurar la honra rota. Le ofreció además toda su hacienda como dote. Se puso de rodillas ante el hombre que había ofendido a su hija. Pidió por favor.

El capitán se rió.

Le contestó que un noble no se casa con una labradora, por más rica que sea, y que si Crespo insistía, se atuviera a las consecuencias. La sangre no se mezcla con la tierra.

Fue entonces cuando Pedro Crespo se levantó del suelo, se puso la vara de alcalde en la mano, y cambió de tono.

Tercero: lo detuvo, lo procesó por la vía legal que la ley del rey le permitía como alcalde ordinario, y lo condenó a muerte por garrote.

Y lo ejecutó.

La llegada del rey

Cuando llegó Felipe II a Zalamea, informado por don Lope de Figueroa —general del tercio, hombre duro pero justo— de que un labrador se había atrevido a ejecutar a un capitán del ejército del rey, la sentencia parecía cantada: Pedro Crespo debía morir.

Un plebeyo no juzga a un noble. Un alcalde de pueblo no ejecuta a un capitán de tercio. La justicia militar es sagrada. El orden social se sostiene sobre esas certezas, y romperlas es romper el mundo.

El rey entró en el pueblo. Fue llevado ante el cadáver del capitán, sentado todavía en el garrote, con la cabeza caída sobre el pecho. Y ante Pedro Crespo, de pie junto al muerto, sin arrogancia y sin miedo.

Felipe II preguntó, con esa voz de hierro que la historia le atribuye:

—¿Con qué justicia habéis matado a un capitán de mi ejército?

Y Pedro Crespo, con la vara de alcalde todavía en la mano, contestó las palabras que cuatrocientos años después siguen retumbando en los teatros del idioma castellano:

“Al rey, la hacienda y la vida
se han de dar; pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios.”

Y añadió, con esa serenidad que solo tienen los hombres que ya han decidido morir si hace falta pero no retroceder:

—Vuestra Majestad me hizo alcalde. Como alcalde juzgué. La sentencia está dada. Si Vuestra Majestad quiere ahora ahorcarme a mí, me tiene aquí.

El rey se quedó callado.

Un silencio largo, tenso, del que Calderón —maestro del tiempo dramático— saca todo el jugo.

Y entonces Felipe II hizo lo único que un rey verdaderamente grande podía hacer: le dio la razón al labrador. Confirmó la sentencia. Nombró a Pedro Crespo alcalde perpetuo de Zalamea. Y siguió su camino a Portugal.

La justicia se había cumplido no a pesar del sistema, sino a través de él, usada por las manos correctas.

Calderón, soldado que escribió

Conviene detenerse un momento en el hombre que escribió esto, porque no era un intelectual de gabinete.

Pedro Calderón de la Barca había servido en el ejército del rey. Había estado en Flandes. Había visto de cerca lo que hacían los tercios en los pueblos por donde pasaban: los abusos, los agravios, la certeza de los oficiales de que la disciplina interna del ejército era la única justicia que podía tocarlos, y que esa disciplina rara vez se aplicaba contra los suyos.

Calderón sabía perfectamente lo que estaba denunciando. Y lo denunció en verso, sobre las tablas, en una obra que se representó ante los mismos nobles y militares a los que estaba señalando con el dedo.

En eso pertenece a la misma estirpe que Cervantes, que también fue soldado, y que Quevedo, que trabajó dentro del sistema y lo destripó por dentro. Los grandes escritores del Siglo de Oro español no fueron cortesanos: fueron testigos incómodos que decidieron dejar constancia.

Escribieron para que quedara. Para que cuatrocientos años después, alguien pudiera leerlos y decir: “esto ya pasaba entonces, y sigue pasando ahora, y quizá algún día deje de pasar si suficientes personas lo recuerdan.”

La ofensa antigua y la ofensa nueva

Aquí es donde la obra de Calderón deja de ser Siglo de Oro para convertirse en un espejo universal.

Léase con calma la escena del enfrentamiento entre Pedro Crespo y el capitán. Léase el momento en que el labrador se arrodilla y pide por favor. Léase la risa del noble. Léase la frialdad con que el hombre poderoso considera que el hombre humilde no merece siquiera una explicación.

Y pregúntese después el lector si esa escena no la ha visto, en otras vestimentas, en su propio tiempo.

Pregúntese también si aquel desdichado capitán en lugar de arrepentirse como habría hecho Dimas, prefirió su propia condena como Gestas rechazando la gracia de aquel alcalde, verdaderamente noble,, quien incluso le ofrecía una vida con su propia hija.

Porque el problema que Calderón puso en escena en 1636 no era exclusivo del siglo XVII. Era, y sigue siendo, uno de los problemas más antiguos y más persistentes de las sociedades humanas: la existencia de una justicia distinta para los que tienen poder y para los que no lo tienen.

Los capitanes de hoy visten trajes distintos. Los tercios de hoy tienen otros nombres. A veces simplemente poderoso caballero es don dinero. Las ofensas de hoy adoptan otras formas: el despojo de la tierra, la humillación laboral, el fraude que arruina a miles y que nunca ve la cárcel, el atropello que se disuelve entre expedientes cuando el atropellado no tiene apellido conocido.

Pero la estructura profunda es idéntica. Un poderoso agravia a un humilde. El humilde busca reparación. El sistema, casi siempre, se pone del lado del poderoso, porque el sistema fue diseñado por gente poderosa.

Y de vez en cuando —muy de vez en cuando, pero pasa— aparece un Pedro Crespo. Un hombre humilde con una vara de alcalde en la mano. Un ciudadano cualquiera que descubre que las leyes del sistema, si se leen con atención, permiten enfrentar al sistema mismo. Y que si se tiene el coraje de usarlas hasta el final, sin retroceder, a veces —muy de vez en cuando, pero pasa— se puede vencer.

Quien ya no pasa es Felipe II.

Y eso puede ser aun peor, contrario a lo que se pueda pensar. Por que entre la soga y el cuello, aún cabe la Misericordia de Dios.

El honor como patrimonio del alma

La frase de Pedro Crespo no es un adorno retórico. Es una tesis filosófica de altísima potencia.

“Al rey, la hacienda y la vida se han de dar; pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios.”

Descíframosla despacio.

Al rey se le puede dar la hacienda. El poder puede quitarnos los bienes materiales, y de hecho lo hace constantemente: impuestos, expropiaciones, sanciones, multas. Las cosas van y vienen.

Al rey se le puede dar la vida. El poder puede quitarnos la existencia física, y a lo largo de la historia lo ha hecho muchas veces. La vida es frágil.

Pero el honor no se le puede dar al rey. Porque el honor no pertenece al cuerpo ni al bolsillo: pertenece al alma. Y el alma, dice Pedro Crespo con la certeza absoluta del creyente, es exclusivamente de Dios. Es decir: es lo único que ningún poder terrenal puede tocar, comprar, confiscar ni humillar.

No sin que quede impune.

Un hombre puede quedarse sin tierras, sin casa, sin trabajo, sin salud, incluso sin vida. Pero mientras conserve su honor —esa dignidad interior que ni las leyes injustas ni los poderosos abusivos pueden arrebatarle sin su consentimiento— sigue siendo libre.

En un mundo donde casi todo se puede comprar, esa idea es peligrosísima. Y por eso Calderón la puso en boca de un labrador, no de un noble ni de un obispo. La ley del alma no es de casta: es de quien la sostenga.

¿Qué nos llevamos de todo esto?

El alcalde de Zalamea sigue en escena. En los teatros y fuera de ellos.

Cada vez que un ciudadano humilde consigue, contra todo pronóstico, que la ley se aplique también a un poderoso, alguien está representando la obra de Calderón sin saberlo. Cada vez que una injusticia estructural se rompe por la terquedad de una sola persona que no acepta retroceder, Pedro Crespo vuelve a levantar la vara de alcalde en algún rincón del mundo.

Y cada vez que un poderoso se ríe con desprecio de una petición humilde, don Álvaro de Ataide vuelve a cabalgar con su tercio hacia Zalamea, sin sospechar que algún día el tiempo se acaba y el garrote lo espera.

La obra sigue vigente porque el problema sigue vigente. Y quizá seguirá vigente hasta que suficientes personas comprendan lo que Pedro Crespo comprendió: que las leyes bien usadas pueden ser el arma de los que no tienen otras armas. Y que hay algo, dentro de cada uno, que ningún poder está autorizado a tocar sin consecuencias.

El honor.

El alma.

Aquello que Calderón puso en verso hace cuatrocientos años y que sigue siendo, hoy, la única propiedad verdaderamente inalienable de todo ser humano.

Todo lo demás se puede negociar.

Eso no.